José
Ibáñez Martín
Conde (consorte) de Marín (Valbona, Teruel), 1896 / Madrid, 1969
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Presidente del CSIC entre el
(30/12/1939-31/08/1967)
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FUNDADOR
Y PRESIDENTE DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
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Su participación
en la política comenzó durante la Dictadura de Primo de Rivera, y se plasmó en
el desempeño de numerosos cargos políticos: Teniente Alcalde del Ayuntamiento
de Murcia; Presidente de la Diputación de Murcia. Entre 1927 y 1930 fue miembro
de la Asamblea Nacional; durante la II República fue uno de los promotores del
grupo Acción Española, que agrupó a los principales intelectuales de la derecha
monárquica autoritaria, y representó en el Parlamento a la provincia de Murcia
(1933).
Tras la Guerra
Civil fue uno de los puntales de la reconstrucción del nuevo Estado. Su campo
de actuación fue la adecuación de todos los aspectos educativos, cuyo
Ministerio desempeñó entre 1939 y 1951, y desde el que organizó los distintos
niveles de la enseñanza y creó el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. Fue también Procurador en Cortes (1943-1967), Presidente del
Consejo de Estado (1951-58) y Embajador en Portugal (1958-69). En 1967 fue
nombrado Presidente de Honor del CSIC.
Perteneció a las
Reales Academias de Bellas Artes de San Fernando (1956), de Jurisprudencia y
Legislación (1962) y de Ciencias Morales y Políticas (1967).
Estaba en
posesión de numerosas condecoraciones españolas, entre las que cabe destacar:
Gran Collar de Alfonso X el Sabio y Grandes Cruces de Carlos III, de Isabel la
Católica, de Alfonso XII, de la Orden de Cisneros, de San Raimundo de Peñafort;
y extranjeras: San Gregorio (Vaticano), Libertador (Argentina) y Sol del Perú.
Fue nombrado
doctor honoris causa por las universidades de Santiago de Chile (1938), Sevilla
(1956), Oviedo (1960) y Pontificia de Salamanca (1966).
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LA
LEY FUNDACIONAL (1939)
Unos meses más
tarde se redefine el proyecto mediante la creación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (Ley de 24/11/1939). A la nueva institución se le
transfieren los locales y competencias de la JAE, de la Fundación de
Investigaciones Científicas y Ensayos de reformas, los que habían sido creados
unos meses antes por el Instituto de España y todos aquellos que perteneciendo
al Ministerio de Educación Nacional no estaban vinculados a la Universidad.
En la exposición
de motivos se señalaba “la voluntad de renovar su gloriosa tradición
científica” asentándola sobre la “restauración de la clásica y cristiana unidad
de las ciencias destruida en el siglo XVIII”. Dichos principios, que inspiraron
el nuevo régimen político implantado en España, entroncaban con los pensadores
de la ideología contrarrevolucionaria europea de finales del siglo XVIII,
período con el que se pretendía enlazar.
Se hacía una
valoración negativa del período inmediatamente anterior (“pobreza y
paralización”) planteando como alternativa una recuperación de las energías espirituales
de la hispanidad a fin de crear una cultura universal. La idea de anatemizar la
JAE y de crear una institución bajo principios ideológicos opuestos está
presente en todos los textos legales, y en los escritos de sus principales
directivos de los momentos iniciales.
Estos
condicionamientos ideológicos lastraron la actividad científica durante un
importante período, especialmente en las especialidades más sensibles a estos
planteamientos. Pero esta limitación fue general en el país y no se limitaba
exclusivamente al CSIC, que sobresalió de forma notable por encima del resto de
instituciones que tenían actividad en el campo investigador, incluida la
Universidad. En colaboración con las Real Academias y los profesores
universitarios que habían superado la depuración, incluso algunos que habían
colaborado anteriormente con la JAE, se puso en marcha la nueva Institución.
Inicialmente se
le asignó una función “coordinadora y estimulante” señalando que no debía
“mediatizar los centros e instituciones que con vida propia se desarrollan”.
Al igual que en
el proyecto al que sustituía debía asumir las funciones de relación con las
instituciones homólogas extranjeras y se planteaba la necesidad de fomentar las
estancias en otros países.
En la
introducción de esta ley fundacional se menciona el árbol de la ciencia, en el
que hay que "promover su armonioso incremento y su evolución homogénea,
evitando el monstruoso desarrollo de algunas de sus ramas, con anquilosamiento
de otras". Esta alegoría del árbol de la ciencia es lo que da origen al
granado que sirve hasta hoy de logotipo del CSIC
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