LOS CEMENTERIOS EN TIEMPOS DE FERNANDO VII
Aunque las élites ilustradas llevaban décadas intentando sacar los féretros de los cascos urbanos (un esfuerzo que comenzó formalmente con la Real Cédula de Carlos III en 1787), la población y la Iglesia se resistían por motivos religiosos y culturales. Pero, lo que precipitó la firmeza de la norma en 1833 fue la inminente amenaza de la epidemia de cólera morbo, que ya causaba estragos en Portugal y empezaba a entrar en España. El pánico sanitario obligó a las autoridades civiles a aplicar las restricciones de forma mucho más estricta para contener los contagios.
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NORMA DEFINITIVA QUE OBLIGABA A SACAR LOS CEMENTERIOS DE LAS POBLACIONES
La Real Orden del 2 de junio de 1833, emitida en los últimos meses del reinado de Fernando VII, obligaba a los intendentes de provincia, alcaldes y ayuntamientos a garantizar el uso de los cementerios exteriores y prohibir definitivamente las inhumaciones dentro de las iglesias.
La Real Orden buscaba terminar con la arraigada costumbre de abrir fosas en los templos (ermitas) e iglesias debido a los graves problemas higiénicos que conllevaba. Ordenaba que en los pueblos donde aún no existieran camposantos periféricos, se construyeran de manera urgente. Decretaba que los gastos debían sufragarse principalmente con los fondos de las fábricas de las iglesias y, en casos excepcionales o pueblos con capacidad económica, mediante fondos municipales (bienes de propios). El Reglamento del 8 de abril de 183 ya había determinado que la edificación pasaba a ser competencia de fondos municipales, aunque la custodia inicial siguiera a cargo de las autoridades eclesiásticas.