EL PAPA SIXTO IV FUE DETERMINANTE EN LA FORMACIÓN DEL ESTADO ESPAÑOL
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El Papa Sixto IV fue fundamental para la formación del Estado español al emitir en 1478 la bula Exigit sincerae devotionis affectus. Este documento otorgó a los Reyes Católicos el poder exclusivo para establecer y organizar el Tribunal de la Inquisición en la Corona de Castilla y Aragón.
Al delegar este control inquisitorial, Sixto IV proporcionó a los monarcas un poderoso instrumento de coerción y unificación institucional y religiosa, debilitando las disidencias locales y consolidando el control central sobre sus territorios.
El Tribunal de la Inquisición se estableció en Castilla en 1478, mediante la bula papal emitida por Sixto IV. Sin embargo, su funcionamiento efectivo comenzó en 1480, cuando se nombraron los primeros inquisidores y se fijó su sede oficial en Sevilla. El primer auto de fe celebrado en Sevilla fue en el año 1481
La Inquisición moderna se estableció en Aragón en 1484, cuando el inquisidor general Tomás de Torquemada nombró a los primeros inquisidores para el reino. Su funcionamiento efectivo comenzó en 1485 con la implantación del tribunal en Zaragoza, y su sede oficial se fijó definitivamente en el Palacio de la Aljafería a principios de 1486.
Había un solo Inquisidor General para toda España, pero el tribunal funcionaba mediante una red de múltiples inquisidores locales distribuidos por todo el territorio.
El famoso fray Tomás de Torquemada fue el primer Inquisidor General unificado.
La Inquisición era un tribunal eclesiástico y, por derecho canónico, no podía derramar sangre. Por lo tanto, dependía por completo de las autoridades civiles para aplicar las penas físicas y de muerte.
Los jueces civiles no tenían derecho a revisar la sentencia ni el juicio inquisitorial; su única función legal era ejecutar de forma automática la pena dictada por los inquisidores.
Ningún corregidor, alcalde o juez del rey podía juzgar a un inquisidor, oficial o "familiar" del Santo Oficio, ni siquiera por delitos comunes como robos, asaltos o disputas comerciales.
Si un miembro de la Inquisición cometía un delito civil, solo podía ser juzgado por sus propios superiores dentro de la institución, lo que generaba una impunidad que enfurecía a las autoridades locales.
Si un magistrado real, un alcalde o un noble se oponía a las órdenes del tribunal o defendía los fueros de su ciudad, los inquisidores podían acusarlo de "obstaculizar al Santo Oficio" o de complicidad con la herejía.
El tribunal tenía la potestad de excomulgar a las autoridades civiles o dictar órdenes de arresto contra ellas, forzándolas a ceder para evitar la deshonra pública y la pérdida de sus cargos.
Con tan poderosos instrumentos fue fácil reducir el poder de las comunidades, de los reinos y en definitiva, del poder feudal. Con la Inquisición llegó la Edad Moderna y la monarquía absoluta.
