LA INQUISICIÓN EN TERUEL
(EL NACIMIENTO DEL ABSOLUTISMO)
*
El papa Sixto IV otorgó el derecho de establecer la Inquisición en sus dominios a Fernando II de Aragón (igual que en los de Isabel de Castilla) mediante una bula papal expedida en el año 1483. en Aragón ya existía una inquisición papal medieval desde 1249, pero la nueva bula permitió crear la moderna Inquisición española bajo control de la Corona). El 1 de noviembre de 1478, el Papa Sixto IV promulgó la bula Exigit sincerae devotionis affectus. Este documento concedió a Fernando de Aragón y a Isabel de Castilla (los Reyes Católicos) la autorización legal para fundar la Inquisición española. Otorgó a los reyes la facultad exclusiva de nombrar y destituir libremente a los inquisidores, un derecho que antes correspondía únicamente al Papa o a los obispos. Al depender de los monarcas y no directamente de Roma, la institución se convirtió rápidamente en un instrumento de unificación estatal y absolutismo real.
La Inquisición se convirtió en una super ley. Así lo vieron los de Teruel y la consideraron inmediatamente contrafuero, no dejaron entrar a los inquisidores a la ciudad y tuvieron que refugiarse en Cella. Pero veamos los acontecimientos poco apoco.
La excomunión de Teruel ocurrió en el siglo XV (1484-1485) debido a la fuerte resistencia de la ciudad a la implantación del Tribunal de la Inquisición, defendiendo sus fueros y libertades frente al rey Fernando el Católico. Tras el decreto de los Reyes Católicos, la ciudad de Teruel cerró sus puertas a los inquisidores, negándose a aceptar el nuevo tribunal centralista. Como represalia, el tribunal inquisitorial (respaldado por la autoridad eclesiástica y el propio monarca) dictó un edicto contra la ciudad que la dejaba excomulgada. El decreto por el cual la ciudad quedaba fuera de la fe católica se colgó de manera solemne en el Portal de Daroca, una de las puertas de entrada de la ciudad. Los turolenses resistieron durante meses, pero finalmente el Papa revocó la excomunión tras las súplicas del clero local, y los Reyes Católicos terminaron imponiendo la Inquisición por la fuerza. Tras la capitulación forzosa de la ciudad ante el ejército de Fernando el Católico en la primavera de 1485, el tribunal de la Inquisición se instauró de inmediato. El castigo a la disidencia civil y religiosa se materializó rápidamente a través de una serie de autos de fe implacables, diseñados para escarmentar a la población y consolidar el poder real. Los inquisidores asignados a Teruel, fray Juan de Çolivera y Martín Navarro, desplegaron una actividad judicial frenética durante los primeros tres años Entre 1485 y 1487 se convocaron trece autos de fe en la ciudad. Los procesos implicaron directamente a unas ochenta personas. Al tratarse de una ciudad pequeña, este número representaba a un porcentaje altísimo de la burguesía y la población adulta local. La inmensa mayoría de las víctimas pertenecían a la segunda generación de conversos (judíos bautizados o descendientes de los bautizados tras la Disputa de Tortosa de 1412). Fueron acusados de criptojudaísmo (practicar ritos judíos en secreto). El cronista oficial de Aragón, Jerónimo Zurita, documentó detalladamente cómo la Inquisición desmanteló de forma ejemplarizante a la élite turolense que había liderado la resistencia armada y foral contra el tribunal: Se dictó la muerte de nueve personas ejecutadas en persona en los primeros compases. Entre ellos figuraban miembros destacados del concejo de la ciudad, acusados tanto de herejía como de rebeldía armada contra los oficiales reales. Se registraron dos suicidios de presos que prefirieron quitarse la vida en las cárceles secretas antes de someterse a la vergüenza pública y al suplicio. Se ejecutó a trece personas quemadas en efigie (estatua). Esto se aplicaba a aquellos acusados que habían logrado huir de Teruel a tiempo o que ya habían fallecido; sus bienes eran confiscados igualmente. Otras cuatro personas fueron condenadas por complicidad y auxilio a los rebeldes, recibiendo penas de prisión, azotes o la obligación de portar el sambenito (el hábito de la infamia).
Las familias de los juristas y oficiales que lideraron la oposición foral a los Reyes Católicos sufrieron el castigo más directo de los tribunales.
Los Santángel: Una de las familias conversas más poderosas de Aragón. En Teruel, varios de sus miembros vinculados a las élites financieras e institucionales fueron perseguidos con especial dureza para desmantelar su influencia política.
Los Martínez de Teruel: Representados por micer Martín Martínez de Teruel, un influyente jurista del Concejo local que se vio envuelto en las deliberaciones y posteriores castigos tras la capitulación de la ciudad.
Los Camanyas: El linaje de micer Luis Camanyas, otro de los grandes juristas y defensores del derecho de apelación foral aragonés frente al autoritarismo real. Su familia quedó marcada y despojada de su estatus.
Los Ruiz: Encabezados por micer Gonzalo Ruiz y Gil de Gonzalo Ruiz. Formaban parte de la espina dorsal del funcionariado y la magistratura turolense que intentó impedir la entrada incondicional de los inquisidores. Otros apellidos de la alta burguesía con títulos, fincas y negocios prósperos en la comarca fueron incluidos en los edictos de los primeros trece autos de fe.
Los de la Cavallería: Aunque su núcleo principal estaba en Zaragoza y Calatayud, este linaje noble converso poseía tierras y ramificaciones en Teruel y Albarracín. Sus miembros fueron sistemáticamente investigados y juzgados por criptojudaísmo durante esa misma década.
Los Sánchez / Sánchez de Teruel: Comerciantes y ciudadanos honrados de alta estima institucional que sufrieron la confiscación masiva de sus fortunas.
Los Ram: Otra prominente familia aragonesa de origen converso que vio truncado su ascenso político y económico en el sur del reino debido a los procesos de delación.
El ensañamiento con estas familias no fue casual. Al acusar de herejía a los linajes más ricos, la Corona lograba un doble objetivo: financiar los gastos del propio tribunal mediante la incautación de palacios y rentas, y sustituir a la vieja élite pactista aragonesa por oficiales totalmente fieles al absolutismo de Fernando el Católico.
En Teruel con anterioridad a estos sucesos ya se tenía noticias del creciente cesarismo de los reyes. Un episodio inicial en tiempos de Alfonso V el Magnánimo fue el caso del Juez Villanueva. El instrumento que da a los reyes el papa Sixto es sumamente eficaz. Cuando el rey encuentra un impedimento interviene la inquisición acusando a la persona de herejía. La inquisición mediante la tortura lo hace declararse culpable y el poder real lo elimina.
