Javier
de Burgos fue secretario
de estado de Fomento en
la época inmediatamente posterior al fallecimiento de Fernando
VII,
durante la regencia
de María Cristina,
última esposa del monarca absolutista. Así que, ni corto ni
perezoso, en noviembre
de 1833 (el
rey había fallecido en septiembre), y mediante una circular, (Real
Decreto de 30 de Noviembre de 1833)
Javier de Burgos se sacó de la manga un Estado
centralizado de
corte liberal compuesto por 49
provincias,
una vez que la reina se enemistó definitivamente
con su cuñado Carlos
María Isidro,
quien se veía ya rey de las Españas, y quien no había contado con
los redaños de la reina y su camarilla.
El proyecto
de Javier de Burgos es
prácticamente el mismo que
el de 1822,
pero sin las provincias de Calatayud,
Bierzo y Játiva.
Las provincias recibieron el nombre de sus capitales,
excepto Asturias
(capital Oviedo), Navarra (Pamplona), Álava (Vitoria), Guipúzcoa
(San Sebastián), Vizcaya (Bilbao).
Persistieron muy pocos enclaves ,
los más importantes de los cuales son el rincón
de Ademuz (Valencia)
y el condado
de Treviño (Burgos).
La división
provisional del territorio español de 1822 en 52
provincias se
había hecho siguiendo la división provincial de las Cortes
de Cádiz de 1812.
Se eliminaron enclaves de unas provincias en otras si pertenecen a
distintos reinos, aunque se conservan muchos de estos enclaves. pero
como fue una idea liberal, en cuanto Fernando VII se deshizo de las
veleidades constitucionalistas de la Pepa, aquel proyecto acabó en
el trastero...
El proyecto
pretendió y
consiguió hacer tabla rasa de los reinos históricos peninsulares
implantando el centralismo con la nueva demarcación administrativa.
Pero el peso de la tradición era importante y no se pudo ignorar,
por eso, las 49 provincias resultantes del proyecto de Javier de
Burgos recordaban las antiguas demarcaciones de los reinos
peninsulares, agrupándose
las provincias en regiones históricas.
Además
de la propuesta de 1822, el modelo que
inspiró a De Burgos fue el estado
centralizado departamental francés.
A pesar de que a veces pareció arbitraria, en la división
administrativa de 1833, los límites
y adscripciones de territorios a
una determinada provincia se
hizo siguiendo un criterio
racional: extensión (desde
el punto más alejado de la provincia debería poder llegarse a la
capital en un día), población (las
provincias deberían tener una población entre 100.000 y 400.000
personas) y coherencia
geográfica.
La idea
directriz de
su división era casi enteramente económica, de modo que cada
provincia participase de llanura y montaña, terrenos fértiles y
pobres, comarcas agrícolas y ganaderas, etc. Todos
los ayuntamientos,
y su correspondiente alfoz,
debían estar íntegramente dentro de una provincia.
La nueva
división provincial se
convirtió en el soporte
básico de
la reorganización
administrativa, judicial,
fiscal y militar de
la nación. Al frente de cada provincia se colocó el Subdelegado de
Fomento (posteriormente denominado Jefe Político y Gobernador Civil
desde diciembre de 1849) que representaba al gobierno de la nación.
La Diputación era
el órgano
de gobierno de la provincia.
En 1834 las provincias se dividieron en partidos judiciales. Además
contaron con delegación
de Hacienda y Audiencia judicial.
Es la base del Estado liberal del siglo XIX y de buena parte del XX.
El
artículo 2 del Real Decreto afirmaba lo siguiente en cuanto a las
agrupaciones por regiones:
"La
Andalucía,
que comprende los reinos
de Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla,
se
divide en las ocho provincias siguientes: Córdoba, Jaén, Granada,
Almería, Málaga, Sevilla, Cádiz y Huelva.
El
de Aragón se
divide en tres provincias, a saber: Zaragoza, Huesca y Teruel.
El principado
de Asturias forma
la provincia de Oviedo.
Castilla
la Nueva continúa
dividida en las cinco provincias de Madrid, Toledo, Ciudad Real,
Cuenca y Guadalajara.
Castilla
la Vieja se
divide en ocho provincias, a saber: Burgos, Valladolid, Palencia,
Ávila, Segovia, Soria, Logroño y Santander.
Cataluña se
divide en cuatro provincias, a saber: Barcelona, Tarragona, Lérida y
Gerona.
Extremadura se
divide en las de Badajoz y Cáceres.
Galicia en
las de Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra.
El Reino
de León en
las de León, Salamanca y Zamora.
El
de Murcia en
las de Murcia y Albacete.
El
de Valencia en
las de Valencia, Alicante y Castellón de la Plana.
Pamplona,
Vitoria, Bilbao y San Sebastián son las capitales de las provincias
de Navarra, Álava, Vizcaya y Guipúzcoa.
Palma
la de las Islas Baleares.
Santa
Cruz de Tenerife la de las Islas Canarias ".
Las
provincias creadas entonces siguen vigentes
hoy con
la modificación instaurada
durante la dictadura
de Primo de Rivera cuando,
por Decreto-Ley
de 21.09.1927,
se dividió la
antigua provincia de Canarias en
las dos actuales de Santa
Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. El
resto de revisiones del modelo han sido muy escasas y de poca
cuantía.
Texto
propiedad de Diego Salvador Conejo
